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sábado, 29 de julio de 2017

Profundas limitaciones para funcionar en un sistema depravado moralmente

Un sistema depravado moralmente no puede ser gobernado:

En un sistema en donde la relación de gobierno, ha llegado a tal entendimiento, que los que dirigen el sistema consideran "normal" que existan reglas que son inaceptables eticamente y que escapan a cualquier normativa moral.  La relación de gobierno en nuestro caso se entiende como una relación de subordinación, en la que los poderes facticos han ejercido durante tanto tiempo el manipuleo de politicas,leyes, planes, programas, proyectos, acciones, normativas, procesos, funciones  al extremo que  hoy  y en el futuro inmediato, son totalmente ingobernables. Son estructuras infuncionales, construidas a proposito de esta manera, que en cada periodo administrativo se suman en forma disfuncional, generando una estructura totalmente disfuncional, no tienen una logica en su diseño que racionalice la adquisición de recursos competentes, para hacer funcional procesos logicos

martes, 18 de julio de 2017

Esas contradicciones discriminativas

Estoy en desacuerdo con todas las practicas que debilitan el capital social y relacional estado del capital social y del capital relacional que se caracteriza por la solidaridad, colaboración, derechos fundamentales y básicos para la mayoría. Dentro de las acciones mas nefastas esta la discriminación racial, la exclusión social y la concentración económica, son las actitudes que fracturan el tejido social. Sin embargo, en lugar de llevar estas actitudes a los extremos tanto por quienes infligen como quienes sufren estas actitudes, simplemente deterioran mas ese tejido. Si todos buscásemos superar estas actitudes para reconstruir el tejido social y fortalecer el capital relacional, es esencial que la toma de actitudes que riñen con este propósito se racionalizaran, sobre todo viniendo desde instituciones publicas. En todo caso, en lugar de constituirse en un tribunal inquisitorio, debe contribuir a comprender el porque ciertas actitudes son percibidas como discriminatorias, pues como lo manifestó una funcionaria publica " en tanto no estén en la piel de una mujer indígena, victima de un desprecio, no sabrá identificar como se percibe el agravio " Considero que un agravio se puede tomar como tal, cuando se realiza mal-intencionadamente, pero no considero que una persona que trabaja y aprecia las artesanías típicas, lo realice con este este propósito, mucho menos cuando se trata de una marca comercial que se espera posicionar en el imaginario social, en forma positiva. Una sugerencia muy sana para estos funcionarios es que en estos casos investiguen si se trata de una ofensa malintencionada, si perciben que este es el propósito, pues que procedan legalmente, pero que no lleguen a realizar funciones que no les compete. Los insto a evaluar el daño causado a una persona, que seguramente se ha empeñado en establecer su empresa que por una decisión de este tipo vea frustrada su iniciativa. No tengo el gusto de conocer a la empresaria, pero me parece que son medidas que no contribuyen a generalizar una convivencia interarticular armónica.


Tomando en consideración los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, me pregunto si la empresaria no esta siendo también victima de una violación de sus derechos humanos, por parte de una institución del estado prepotente e impositiva? También me viene a la mente la pregunta ¿ Seria considerado como discriminación si la empresaria-diseñadora fuese indígena? o ¿porque nunca se han manifestado en contra de la "Indita Quetzalteca"? será ¿ por ser de una empresa poderosa? o ¿por su dulce sabor y relajante efecto? Este comentario es con todo respeto tanto por el aprecio a las emprendedoras en general, como a las emprendedoras indígenas que producen estos valiosos productos que nos distinguen en el mundo. Espero que no se de una reacción reflexiva en mi contra

Estoy en desacuerdo con todas las practicas que debilitan el capital social y relacional estado del capital social y del capital relacional que se caracteriza por la solidaridad, colaboración, derechos fundamentales y básicos para la mayoría. Dentro de las acciones mas nefastas esta la discriminación racial, la exclusión social y la concentración económica, son las actitudes que fracturan el tejido social. Sin embargo, en lugar de llevar estas actitudes a los extremos tanto por quienes infligen como quienes sufren estas actitudes, simplemente deterioran mas ese tejido. Si todos buscásemos superar estas actitudes para reconstruir el tejido social y fortalecer el capital relacional, es esencial que la toma de actitudes que riñen con este propósito se racionalizaran, sobre todo viniendo desde instituciones publicas. En todo caso, en lugar de constituirse en un tribunal inquisitorio, debe contribuir a comprender el porque ciertas actitudes son percibidas como discriminatorias, pues como lo manifestó una funcionaria publica " en tanto no estén en la piel de una mujer indígena, victima de un desprecio, no sabrá identificar como se percibe el agravio " Considero que un agravio se puede tomar como tal, cuando se realiza
mal-intencionadamente, pero no considero que una persona que trabaja y aprecia las artesanías típicas, lo realice con este este propósito, mucho menos cuando se trata de una marca comercial que se espera posicionar en el imaginario social, en forma positiva. Una sugerencia muy sana para estos funcionarios es que en estos casos investiguen si se trata de una ofensa malintencionada, si perciben que este es el propósito, pues que procedan legalmente, pero que no lleguen a realizar funciones que no les compete. Los insto a evaluar el daño causado a una persona, que seguramente se ha empeñado en establecer su empresa que por una decisión de este tipo vea frustrada su iniciativa. No tengo el gusto de conocer a la empresaria, pero me parece que son medidas que no contribuyen a generalizar una convivencia interarticular armónica.
tomando en consideración los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, me pregunto si la empresaria no esta siendo también victima de una violación de sus derechos humanos, por parte de una institución del estado prepotente e impositiva? También me viene a la mente la pregunta ¿ Seria considerado como discriminación si la empresaria-diseñadora fuese indígena? o ¿porque nunca se han manifestado en contra de la "Indita Quetzalteca"? será ¿ por ser de una empresa poderosa? o ¿por su dulce sabor y relajante efecto? Este comentario es con todo respeto tanto por el aprecio a las emprendedoras en general, como a las emprendedoras indígenas que producen estos valiosos productos que nos distinguen en el mundo. Espero que no se de una reacción reflexiva en mi contra
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viernes, 14 de julio de 2017

"o cantas calandria o te apachurro el nido"

Algunas interrogantes que surgen a cualquier ignorante frente a este terremoto de corrupción en los Penth House"

A que se debe que ahora se clame con tanta vehemencia por la igualdad frente a la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso y mas, que un buen sistema judicial debe respetar, pero que no lo hace especialmente con los pobladores menos favorecidos. Porque no claman por los que llevan años encarcelados porque no tienen los servicios legales para salir si cumplen su condena. Porque a un joven transgresor hay que lapidarlo, porque la limpieza social es tan aplaudida. No todos los que llegan a ser acusados son presuntos agresores, también hay que lapidarlo? No seria también una limpieza social el eliminar a los delincuentes mas favorecidos? Hay que aplicarles los derechos humanos? y ahora que ya no hay lugar en el VIP, les van a construir su lugarcito? o los van a meter a la chirona también?
Quien ha abogado por mantener este sistema injusto y corrupto? Quien clamo en contra del derecho consuetudinario? quien metió al congelador las otras reformas constitucionales del sistema de justicia? No se esperaba que los fieles jueces sirvientes no pudiesen cumplir con los designios de también de estos renglones torcidos de Dios. Será una minoría ínfima la que adopto la cultura del soborno y la colusión? o solo los privilegiados, que tenían la garantía de la impunidad de un sistema pusilánime y arrastrado? sera que las cámaras hasta ahora se dan cuenta? cuantas veces han realizado procesos de depuración de membresía corrupta,(como ahora los califican) Sera que podran soportar este maremoto, sin la defensa irrestricta del verdadero eje de poder. A caso no se tenia conciencia de los que implicaba subirse a la ola mundial anti corrupción o se pensó que la pantomima no tendría efectos?
No me alegro, ni me parece motivo de orgullo que este suciendo esto, todos hemos cometido errores, de diversa magnitud. Ninguno esta exento de sufrirlo, pero precisamente esto es lo importante de un Estado de Derecho. Hay países mas desarrollados, en donde cierran las cárceles porque no tienen clientes. Como se comenzó esto, por ejemplo en Singapur, se fue implacable y la ley es la ley, y es mas dura para quienes consideran ser superiores a todos los demás. Ahora funciona la balanza de causa y efecto. En esos países, pasaron por periodos de ajuste, posiblemente como Duterte en Filipinas o Mao en China, o Stalin en Rusia, cada uno con diversos motivos y resultados.
Si no se da el ejemplo que la ley se aplica a todos por igual, no se puede pedir que casi todos la respeten, menos los mas beneficiados, de esta forma nunca se lograra una cultura de respeto a la justicia y mucho menos un estado de Derecho. Y así no se quiere que haya una profunda anomia politica, especialmente de las nuevas generaciones, que en el mediano plazo, tendrá consecuencias desastrosas. La ignorancia supina que tienen por imitar patrones y seguir ejemplos erróneos es pavorosa y lo unico que vaticinan es un futuro mucho peor. O tomamos medidas legales drásticas de inmediato,
Es contradictorio ver como se manifiestan quienes nunca tuvieron la necesidad de justificarse, ni clamar frente a nadie, que han llegado a llorar frente a un ser inferior, según lo valoran. Pero del diente al labio manifiestan estar de acuerdo en luchar contra la corrupción y la impunidad. Pero gastan sus recursos para desacreditar a quienes tratan de hacer su trabajo íntegramente. Quien trata de hacer bien su trabajo es visto como baboso. Los que ahora caen es por vivos y chispudos.
Sera que se comprende la diferencia entre precio y valor. Esta primer noche en un suelo pestilente, sucio, contaminado, sometidos a la decisión de quienes han visto menos importantes que sus chuchos, que comen, se educan, se cuidan con excelencia en los pet shop, en los que se tienen que hacer cita, si el chucho o su dueño no valen mucho, les va a enseñar a hierro y fuego a comprender la diferencia, cuantos saldran igual de presumidos, sintiendo que son VIP (Veri Idiot People). Ahora si se va cumplir aquel viejo dicho: "o cantas calandria o te apachurro el nido"

jueves, 6 de julio de 2017

Politica Agroindustrial Rural

1. ¿Qué es la política industrial rural? La política industrial rural forma parte de la política industrial en un sentido amplio, pero dirigida a un espacio definido como rural. La política industrial es entendida como la intervención del Estado orientada a estimular actividades económicas específicas y a promover el cambio estructural. Representa un proceso dinámico en el que se aplican diversas acciones para perseguir o lograr ciertos objetivos basados en las prioridades de desarrollo nacional (Padilla y Alvarado, 2014; Peres y Primi, 2009; Rodrik, 2008a)7 . La política industrial rural es entendida como la implementación por parte del Estado de instrumentos dirigidos al fortalecimiento de las actividades productivas del espacio rural, con el propósito de lograr un cambio estructural mediante actividades de transformación (manufactura) y de servicios, así como la integración y complementariedad con actividades, mercados y sectores de mayor dinamismo e intensidad de conocimientos. Es importante señalar que no significa renunciar a las vocaciones productivas de las localidades, sino escalarlas y complementarlas con actividades secundarias (por ejemplo, la agroindustria y las artesanías) y terciarias (como el turismo rural, los servicios ambientales y los servicios profesionales). Para que la política industrial rural promueva un cambio estructural progresivo debe enfocarse, por lo menos, en tres procesos interrelacionados: i) el escalamiento económico y la incorporación del cambio tecnológico y procesos de innovación; ii) el escalamiento social, y iii) el escalamiento de la estructura productiva con un enfoque de sostenibilidad. El escalamiento económico permite mejorar la posición competitiva de un país, sector productivo, empresa o productor. La inclusión de este concepto en la teoría del desarrollo implica que los actores económicos no son estáticos y pueden mejorar su posición actual para generar y capturar mayor valor por sus actividades. Se identifican cuatro tipos principales de escalamiento: i) producto; ii) proceso; iii) funcional, y iv) de cadena o intersectorial. En el cuadro II.6 se presentan definiciones y ejemplos de cada tipo de escalamiento económico en el espacio rural. Es importante aclarar que no todos los ejemplos que se dan para cada tipo de escalamiento entran en el campo de acción de la política industrial rural, pues no todos entrañan una transformación mediante la incorporación o integración con servicios y actividades de transformación. Por ejemplo, el apoyo a la investigación y el desarrollo orientado a mejorar la calidad de un producto agropecuario no forma parte de la política industrial rural, pero sí lo hace la asistencia para la introducción de nuevas tecnologías que permiten procesar productos primarios y venderlos empaquetados (agroindustria). No obstante, como se reconoce en los próximos párrafos, es vital lograr una estrecha coordinación entre la política de desarrollo rural, la agropecuaria y la industrial rural. En la siguiente sección se describen los instrumentos que la política industrial rural tiene a su alcance.
Estrechamente ligado al concepto de escalamiento económico, está el cambio tecnológico. En el espacio rural, así como en otros ámbitos, las capacidades productivas y tecnológicas son clave en los procesos de aprendizaje e innovación. Las capacidades productivas contemplan los factores usados para producir bienes y servicios a un nivel dado de eficiencia y con una determinada combinación de insumos. Las capacidades tecnológicas, por su parte, incorporan factores adicionales necesarios para producir y manejar el cambio tecnológico, incluyendo habilidades, conocimientos, experiencia, estructura institucional y enlaces (Bell y Pavitt, 1992). En las economías en desarrollo, por lo general se observa una introducción limitada de innovaciones radicales: en su lugar, se suelen adaptar, imitar y mejorar de forma incremental las tecnologías desarrolladas por países más avanzados tecnológicamente.
El segundo elemento, el escalamiento social, está vinculado con el aumento del nivel de vida de los integrantes de la cadena y sus comunidades mediante condiciones de empleo decente caracterizadas por la protección social, la tutela de los derechos laborales, un ambiente de trabajo seguro y la equidad de género (Gereff y Lee, 2015). El escalamiento social también es entendido como una mejor distribución en la captura de los beneficios generados en una cadena de valor por parte de las empresas y los productores que conforman el núcleo de la cadena, en particular por parte de los pequeños productores. Estos beneficios se pueden traducir en remuneraciones monetarias o utilidades más elevadas y en el mayor bienestar de los actores de la cadena (Salido y Bellhouse, 2016). Es importante señalar que no siempre se observa una relación directa entre escalamiento económico y social. Por ejemplo, una empresa procesadora de frutas puede mejorar la calidad de sus productos y sus canales de comercialización, lo que redunda en mayores ganancias. No obstante, estas ganancias podrían ser disfrutadas en su totalidad por el dueño, sin que beneficien de manera alguna a los obreros u otros segmentos de la cadena.
El tercer elemento es la sostenibilidad ambiental. Alcanzar un cambio estructural progresivo requiere que la transformación de la estructura productiva incorpore nuevas tecnologías de proceso y de producto que, por un lado, sean ambientalmente responsables y que, por otro, mitiguen el efecto que el cambio climático ejerce en las cadenas productivas rurales. Ejemplos de estas oportunidades son la bioeconomía, los productos y servicios con etiquetados ambientales, y la producción con tecnologías más limpias, como las energías renovables (CEPAL, 2016b)
Así, una política industrial rural con enfoque progresivo busca generar un crecimiento inclusivo que permita el escalamiento o la complementariedad con actividades que producen mayor valor agregado y que son más intensivas en conocimientos y tecnología, sin que se sacrifiquen las vocaciones productivas locales, se deterioren las condiciones económicas y sociales de los productores ni se intensifique el impacto ambiental. El grupo beneficiario de una política industrial rural está formado primordialmente por los productores individuales, los grupos de productores y las empresas del espacio rural, y por otros actores, como los proveedores especializados, los comercializadores, los empacadores o una región en su conjunto.
Aunque se reconoce que el sector agropecuario suele ser la actividad principal del espacio rural, la política industrial rural no es sinónimo de una política agrícola o agropecuaria. Esta última se concentra en mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y factores en el sector agropecuario. Las políticas agropecuarias se pueden sintetizar en tres clases diferentes: i) políticas de precio (la economía de mercado está determinada en mayor medida por las políticas macroeconómicas); ii) políticas de recursos (que incluyen la política de tenencia de la tierra y las políticas de manejo de los recursos, como la tierra, el agua, los bosques y las pesquerías), y iii) políticas de acceso (que incluyen el acceso a los insumos agropecuarios, los mercados de productos y la tecnología) (FAO, 2004). La política industrial rural tampoco es exclusivamente una política de desarrollo rural. Hay coincidencias con el nuevo paradigma rural, que parte de un enfoque holístico que analiza la forma en que interactúan varios componentes de una economía local. En este enfoque de la política de desarrollo rural se enfatiza la importancia del territorio, la modernización económica y la inversión por encima de la provisión de subsidios, y el aporte de los servicios, en particular las TIC . El enfoque de intervención de la política industrial rural no toma en cuenta todos los instrumentos de política aplicados en un área definida como rural, sino que se concentra en la transformación de la estructura productiva. Finalmente, cabe señalar que el diseño e implementación de una política industrial rural no conlleva un menor apoyo a sectores de manufactura de media y alta tecnología, como la industria automotriz, la electrónica, los dispositivos médicos y la aeronáutica. Ambos enfoques —lo rural y lo no rural— son complementarios de una política industrial integral e inclusiva. El objetivo es rescatar el papel de las actividades económicas del espacio rural, que han sido poco atendidas por la política industrial, pero tienen un gran potencial en términos de un cambio estructural progresivo.